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TEGUCIGALPA, Honduras – Un ex ejecutivo de una empresa de construcción hondureña fue declarado culpable el lunes de estar involucrado en el asesinato en 2016 de la activista ambiental indígena Berta Cáceres, dijo un juez en un fallo judicial.

Roberto David Castillo, el exjefe de Desarrollos Energéticos, o DESA, que supervisó el proyecto de la presa Agua Zarca de $ 50 millones, fue acusado originalmente de planear el asesinato, pero fue declarado culpable de complicidad. Debe ser sentenciado el 3 de agosto.

Otros siete hombres ya han sido condenados y condenados por su participación en el homicidio.

Castillo dijo que era inocente de los cargos. Ni él ni DESA estuvieron disponibles de inmediato para comentar sobre la sentencia del juez.

La Sra. Cáceres fue asesinada a tiros en 2016 cuando hombres armados entraron a su casa en La Esperanza, su ciudad natal en el oeste de Honduras, donde se alojaba. Ella había liderado la lucha para evitar que DESA construyera la presa en las tierras de su tribu Lenca en el río Gualcarque.

El experimentado activista había hecho campaña por cuestiones ambientales desde principios de la década de 1990, comenzando con la tala ilegal. Ella ganó el prestigioso Premio Goldman Environment 2015 por sus esfuerzos para organizar la resistencia contra la represa. Después de su asesinato, los bancos que financiaron el proyecto de la presa se retiraron.

Los activistas lencas dijeron que el proyecto había afectado gravemente sus suministros de agua y alimentos y que los trabajadores de la construcción no habían consultado a los grupos indígenas de la zona.

Los grupos de derechos indígenas fundados por la Sra. Cáceres, Copinh, calificaron la decisión de la corte como una “victoria” para el pueblo de Honduras.

“Significa que las estructuras de poder criminal no han corrompido el sistema judicial”, escribió Copinh en Twitter.

Otros sospechosos arrestados y acusados ​​en el asesinato incluyeron empleados de la empresa, sicarios a sueldo y miembros del ejército.

Castillo fue arrestado en un aeropuerto en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, en marzo de 2018 mientras volaba a Houston, según informes de prensa que citan a fiscales.

Según el grupo de defensa Global Witness, Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas. 14 activistas de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2019, frente a cuatro en 2018.

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